El Decreto 89/24 publicado en el Boletín Oficial confirmó la intervención del Enacom, ente encargado de controlar las comunicaciones, a través del designado Juan Martín Ozores como interventor. Del elegido, que se desempeña como consultor, se conoce su cercanía a Santiago Caputo, una de las voces de confianza del Presidente.
Vale recordar que el Enacom es un ente autárquico y descentralizado, pero su órbita es de la Jefatura de Gabinete, y se creó para conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para “garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión”.
Lo más llamativo de la publicación en el Boletín Oficial es que señala “que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” de la entidad “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes», y que “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.
A partir de estos conflictos, se ordena “llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación”. Traducido, se investigará como destinó sus fondos, como el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) y el Fondo de Servicio Universal, donde se derivaron partidas a organizaciones vinculadas al peronismo.
El FOMECA destinó unos 2 mil millones de pesos al año a radios comunitarias vinculadas a Juan Grabois y a sectores mapuches, según denuncias de la oposición, y el Fondo de servicio universal asignó a cooperativas y PyMES vinculadas a Sergio Massa, alrededor de 62 mil millones de pesos durante 2023.
La asociación “Centro de Rehabilitación y Capacitación de Residentes Salteños” (cercano a Milciades Peña, quien milita con Juan Grabois) obtuvo 49 millones por el FSU y alrededor de 34 millones del FOMECA.
La intervención fue cuestionada por el vicepresidente del Enacom, el kirchnerista Gustavo López, al considerar que “no era necesaria” y porque «evita la participación del Parlamento en el directorio». Al revés, la Unión Argentina de Proveedores de Internet apoyó públicamente las políticas del Gobierno y pidió que se produjera una “profunda verificación de criterios de asignación y destino de los Aportes No reembolsables otorgados en el período 2019-2023”.
