Durante los alegatos en el juicio oral por la Obra Pública, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola establecieron los vínculos entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner. En ese sentido, demostraron el “enriquecimiento ilícito”, y señalaron cuáles eran las propiedades que había adquirido durante el mandato de la condenada expresidenta Cristina Kirchner. Luego solicitaron decomisar los inmuebles.
En un intento de establecer una comparación territorial, en su momento, el fiscal explicó: “Para que se entienda bien la dimensión: la ciudad donde está este tribunal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una superficie de 20.300 hectáreas, Báez y su grupo compraron el equivalente a 25 ciudades de Buenos Aires”.
El total de los inmuebles que aún pertenecen a Lázaro Báez, sus hijos o a alguna de sus empresas se fijó en 293 propiedades, de las cuales 129 se encentran en El Calafate, 78 en Río Gallegos, mientras que el resto, entre ellas 25 estancias, en distintas provincias del país como Santiago del Estero, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.
Estas propiedades no solo eran terrenos, chacras, estancias o casas, sino que también eran complejos turísticos, clubes, hoteles, galpones, depósitos de combustibles, oficinas, locales, estaciones de servicio y canteras. “Mientras aparentaban hacer las obras, sumaban estancias”, había argumentado Luciani durante sus alegatos en la causa Vialidad.
El fiscal pidió que se decomisen 12 propiedades de Lázaro Báez, puesto que alegó que “fueron adquiridos en forma concomitante a los hechos que se investigan y que aquellos y las empresas no pueden justificarse sino en función de los ingresos obtenidos de la actividad delictiva”.
