En medio de los graves atentados y crímenes ocurridos en Rosario, y que a esta altura resultan cotidianos, hoy por la la mañana se encontraron varias notas con amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin, pegadas en pleno microcentro de la ciudad.
“Pullaro-Javkin tremendos vende humo. Con la mafia no se jode o llueve plomo”, dice uno de los carteles intimidatorios que fueron hallados en la peatonal Córdoba entre las calles Entre Ríos y Corrientes. “Narco Pullaro. No te hagas el turro o te llueve plomo narcoprogresista”, se lee en otro de los papeles hallados en el centro de Rosario.
En la zona donde fueron localizadas las intimidaciones hay una gran cantidad de cámaras de videovigilancia, tanto privadas como públicas. Una de ellas, por ejemplo, es la que está situada en la parte externa del edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Las amenazas ocurren en pleno despliegue de vehículos federales y bonaerenses en Rosario para mostrar mayor presencia policial en la calle después de que la ola de seis homicidios de personas elegidas al azar para, supuestamente, enviar mensajes a las autoridades políticas, y atentados contra un micro que trasladaba a agentes penitenciarios.
Por los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa (43 años) y Diego Alejandro Celentano (38), el colectivero Marcos Daloia (39) y el playero Bruno Bussanich (25), la fiscal regional María Eugenia Iribarren creó un cuerpo de cinco fiscales integrado por Patricio Saldutti, Marisol Fabbro, Luis Schiappa Pietra, Franco Carbone y Fernando Dalmau, quienes están abocados al esclarecimiento de todos los hechos.
Los fiscales ya acusaron a 16 personas que suponen vinculadas con algunos de los casos. Los imputados fueron Raúl Justino Pereyra, David Joel Pereyra, Eduardo Alvarado, Micaela Barrios, Natalí Belén Barrios, Alejandro Sebastián Caro, José Luis Caro, Marcelo Fabián Caro, María del Luján Caro, Jesús Darío Chaves, Lucía Jimena Orue, Romina Belén Quiroga, Walter Quiroga, Lucía Celeste Rodríguez, Ezequiel Agustín Rodríguez y Tobías Barrios.
Tobías Barrios ya era conocido para algunos fiscales, ya que en abril de 2021 recibió la pena de 4 años y 6 meses de prisión en un juicio abreviado por haber participado en atentados que cometieron Los Monos contra edificios judiciales, sedes policiales y domicilios particulares de jueces. Ahora, le atribuyeron el hallazgo de una moto robada mientras se profundizan medidas para establecer si participó en uno de los ataques a tiros que tuvieron lugar la semana pasada contra una comisaría.
Raúl Pereyra, para los investigadores, era el dueño de la línea telefónica desde la que se llamó a Su Radio Taxi, situación que derivó en la comisión de Diego Celentano, a quien luego mataron de cinco tiros –con balas de la Policía– a quemarropa por parte de los dos gatilleros que se habían hecho pasar por pasajeros. En función de esa participación, lo ubicaron como coautor del homicidio.
A José Caro, Jesús Caro, Lucía Orue, Eduardo Alvarado, Walter Quiroga, Marcelo Caro, Romina Quiroga, María Caro y Alejandro Caro, los fiscales los imputaron por haber escondido una Honda Twister 250cc. el pasado 6 de marzo, minutos después de que se baleara un colectivo de la línea 122 bandera roja en Cerrito y México. En ese episodio no hubo personas lesionadas, pero se considera que se buscó herir al chofer.
José Caro, Jesús Caro, Jimena Orue, Micaela Barrios, Natalí Barrios, Eduardo Alvarado, Walter Quiroga, Marcelo Caro, Romina Quiroga, Marca y Alejandro Caro, también fueron acusados porque la Policía de Investigaciones les incautó otra Honda Twister, de otro color, que habría sido usada para asesinar al colectivero Daloia, cuyo ataque fue el 7 de marzo pasado en Mendoza y México, cerca de donde había sido la balacera al colectivo de la línea 122.
Por el momento, resta conocer quiénes fueron los autores materiales tanto de los cuatro crímenes como de los atentados, como así también quiénes estuvieron detrás de las instigaciones. Los investigadores judiciales suponen que participaron reclusos de Rosario que están alojados en cárceles provinciales y federales.
