«Lo dijimos siempre: delito de mayor, pena de mayor», sentenció el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Así salió a respaldar la aprobación del proyecto que ya cuenta con media sanción y que baja de la edad de punibilidad por delitos en el sistema legal argentino.
«Sostengo lo mismo desde que fui ministro de Seguridad. Pasaron los años pero nuestra postura nunca cambió. Quien comete un delito de mayor, debe ser juzgado y condenado como mayor», reiteró. «Fuimos claros incluso cuando muchos nos decían que no se podía».
«A quienes defendían a los delincuentes siempre les respondimos igual: si tanto los cuidan, llévenselos a su casa. Nosotros vamos a cuidar a la gente honesta», sentenció el jefe de la Casa Gris. Su último pronunciamiento al respecto se había dado a partir del asesinato de Jeremías Monzón, un joven apuñalado en la ciudad de Santa Fe por adolescentes no punibles. La madre también celebró la modificación.
Pullaro se mostró conforme con el resultado de la votación en la Cámara baja. Poco después del final de la sesión, afirmó: «Es un paso fundamental hacia el orden y la justicia que venimos reclamando».
El proyecto impulsado por el oficialismo en la Cámara de Diputados establece un sistema de sanciones alternativas a la prisión y mantiene la prohibición del uso de lugares de detención compartidos con personas adultas, para alcanzar lo planteado contempla medidas complementarias orientadas a la resocialización de los menores de edad denunciados.
El texto, además, descarta la prisión o reclusión perpetua para menores de edad, el plazo máximo en la cárcel es de 15 años. En el caso de delitos con penas menores a tres años, no hay sanciones privativas de la libertad y, en los casos intermedios, se prioriza un enfoque social y educativo.
Uno de los puntos clave que surgió en la negociación entre distintas fuerzas política se refiere al financiamiento del régimen. El último dictamen estableció una asignación de más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia con el objetivo de garantizar su implementación.
