Cristina Fernández de Kirchner impulsó un gobierno y armó un gabinete para limpiar sus causas judiciales. El último vestigio de la estrategia, que incluyó la bendición de Alberto Fernández como su candidato a presidente, fue triturado
El mayor problema de la Argentina no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos, la falta de castigo oportuno. Y eso ha sido, sin dudas, el mayor incentivo para la continuidad de los delitos y es la principal causa de la pérdida de confianza de que gozan nuestras instituciones, tanto la política como la Justicia.
Sectores del Poder Judicial por ineficacia o complicidad, han sido los responsables de la demora en las investigaciones, los caminos sin salida y, finalmente, la impunidad como moneda corriente frente a los delitos de la corrupción.
En Hotesur-Los Sauces, se había acusado a la vicepresidente Cristina Fernández y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner por el alquiler irregular de hoteles de la familia, que se usaban para recibir pagos ilegales a cambio de obra pública. El caso llegó al Tribunal Oral Federal 5, con procesamientos por lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, pero una mayoría estableció que no había nada que juzgar.
Este lunes, la Sala II de la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación y ordenó que se haga el juicio oral y público junto al resto de los imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia.
Es importante destacar que la decisión de los jueces de Casación incluye a los jueces del TOF 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg -que habían firmado el sobreseimiento-, ordenando que sean apartados del caso y se conforme un nuevo Tribunal para el juicio.
Cristina Fernández de Kirchner armó un gabinete para limpiar sus causas judiciales. Para ello primero eligió un Presidente a dedo, luego designó un gabinete manejado en las primeras o segundas líneas por La Cámpora y por último ideó un shock de reformas en la justicia que le permitieran terminar con los procesos judiciales que la aquejaban. Ni la pandemia y los cientos de muertos la detuvo para poner en práctica su plan. Tampoco el desastre económico, los pobres y la inflación.
INTENTOS DE IMPUNIDAD
REFORMA JUDICIAL PARA LICUAR EL PODER DE LOS JUECES: se anunció con bombos y platillos como la gran reforma, pero en lugar de plantear modificaciones integrales de la justicia solo se limitó a duplicar la cantidad de juzgados con competencia en las causas de corrupción. No importó el gasto que significaba esta reforma ni cómo se iba a implementar. Se convocó a un grupo de juristas comandados por el abogado de Kirchner Carlos Beraldi.
TRASLADO DE JUECES: como un mensaje a todo el poder judicial, se implementó una investida contra jueces que habían dictado resoluciones que a la vicepresidenta no le agradaban.
EMBESTIDA AL PROCURADOR DE LA NACIÓN Y MODIFICACIÓN LEY DE MINISTERIO PÚBLICO: para Cristina Kirchner los fiscales ocupan un lugar preponderante en su agenda. Por eso planeó la necesidad de que el cargo de Procurador General lo ocupara un incondicional que pueda controlar a los fiscales y evitarle dolores de cabeza y una reforma en la ley que le permitiera reducir los requisitos para designar a su testaferro judicial.
DESIGNACION DE JUECES AMIGOS: parte del plan consistía en cubrir las vacantes existentes en el poder judicial con aquellos jueces que puedan cumplir los deseos de la vicepresidenta. Hasta los últimos días intentó mantener en su cargo a la jueza Ana María Figueroa en la Sala II de LA Cámara de Casación para evitar la resolución que finalmente se conoció.
A pesar de todos los intentos Cristina Fernández termina su mandato como vicepresidente no solo sin mejorar su situación procesal, sino que fue condenada en la llamada causa Vialidad y ahora le suma un nuevo juicio oral por lavado de activos.
No podemos descartar nuevos intentos para lograr la impunidad de la viuda de Néstor Kirchner. Es responsabilidad de los argentinos cuestionarnos cómo alguien condenado por delitos vinculados con la corrupción puede tomar decisiones sobre el presente y el futuro de los ciudadanos. Las elecciones en Argentina de este año traerán una respuesta al siguiente interrogante ¿Estamos los argentinos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a una justicia imparcial?.
