Un sector del sindicalismo representativo comenzó a aceptar las condiciones impuestas por el gobierno. Es parte de una estrategia que mezcla tregua y pragmatismo frente a un Presidente indescifrable para los jerarcas sindicales. Lo curioso de este giro es que se da tal vez en el momento más débil del Gobierno, en el que la economía se desploma, el dólar enciende alarmas y cuando manda la incertidumbre sobre el intento del oficialismo en aprobar su primera ley en casi un semestre y de avanzar en un ambicioso acuerdo de diez puntos con las provincias.
Después de activar dos paros generales en cinco meses, la CGT no está por ahora dispuesta a ir hacia un esquema de huelgas a repetición para forzar una negociación con del Gobierno a pesar de que se multiplicaron en cambio los reclamos sectoriales para reabrir paritarias, a pesar de los despidos y las suspensiones y de un salario que no le gana a la inflación.
Hay conflictos abiertos con estatales, docentes, médicos, personal de sanidad, textiles, albañiles y metalúrgicos, y la mecha que más preocupa es la que se encendió hace una semana en Misiones, donde la policía se agremió y buscó apoyo en otros sectores para reforzar su demanda por una mejora salarial. Lo de Misiones es por ahora un caso aislado a pesar de que los sueldos de los efectivos de esa provincia coinciden o incluso son más altos que los de otros distritos. Ante esta situación Axel Kicillof está apurando un aumento para la policía bonaerense como estrategia preventiva por temor a un coletazo similar un su territorio.
En un escenario propicio para la intervención sindical no existe en la agenda de la CGT la mínima intención de agrupar a todos los conflictos y evaluar una medida de fuerza conjunta como la del 9 de mayo pasado. La hoja de ruta está por ahora vinculada directamente con lo que suceda en el Congreso, con el futuro de la Ley Bases y el paquete fiscal, y en la Justicia, con el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23, sobre el cual debería expedirse la Corte Suprema, aunque sin plazo predeterminado.
Sin un plan coordinado tras la última huelga general, cada sindicato se abocó a sus problemas sectoriales. En ese juego autónomo, Sergio Sasia, jefe de la Unión Ferroviaria, se desmarcó del perfil duro de sus socios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), digitados por Pablo Moyano. La Catt, que reúne a más de 30 gremios del transporte, se encamina hacia una ruptura definitiva que podría tener consecuencias en el rompecabezas de la CGT.
Sasia negocia hoy mano a mano con el Estado por el achique en el sistema ferroviario, donde la gestión libertaria prevé disminuir un 15% los costos y el personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas. El dirigente ferroviario mantiene dialogo permanente con la Secretaría de Transporte buscando consenso optimizar recursos y definir un plan de retiros voluntarios y prejubilaciones.
Una negociación similitar está llevando a cabo Alberto Cejas, jefe de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. Aceptó el plan de retiros voluntarios en el Correo Argentino, donde el Gobierno proyecta despedir a 7000 personas. Antes de una eventual privatización. Sasia y Cejas sirven como botón de muestra del pragmatismo sindical. Ambos son los sucesores de dos sindicalistas históricos cuyos recuerdos están nublados de polémica: José Pedraza y Ramón Antonio Baldassini, respectivamente.
Pero también hay dos pesos pesados que se mueven hoy con esa lógica pragmática y negociadora. Uno es Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio desde 1986 y quien tomó distancia de la mesa chica de la CGT para reforzar su vínculo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si se aprueba la Ley Bases, el gremio mercantil adoptaría el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, uno de los puntos de la reforma laboral libertaria. Cavalieri fue menemista, kirchnerista, macrista y albertista. No dudaría ahora en proclamarse mileísta. Tal vez no lo hace a pedido de Pettovello, para no interferir en el relato oficial sobre los vínculos con “la casta”.
El otro rostro del pragmatismo sindical es Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Martínez contabiliza casi 100.000 despidos en la construcción desde que el Gobierno dispuso frenar la obra pública, en diciembre de 2023. A pesar del deterioro de las rutas y los proyectos inconclusos, Martínez sabe que la reanudación de las obras depende de que el ministro de Economía, Luis Caputo, libere los fondos. Mientras tanto, toma distancia de la CGT y espera un guiño del gobierno.
