La reducción de la demanda sanitaria de no residentes en Salta superó el 99% en los últimos dos años y constituye uno de los cambios más pronunciados registrados en el sistema de salud de cualquier jurisdicción del país. De los 31.561 pacientes extranjeros atendidos en los hospitales públicos de la provincia del norte durante 2023, se pasó a apenas 10 en lo que va de 2026. El dinero que antes se destinaba a cubrir esas prestaciones permitió, entre otras adquisiciones, la compra de 34 ambulancias nuevas.
La medida que produjo ese vuelco tuvo origen en febrero de 2024, cuando el gobernador Gustavo Sáenz firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 129/2024, que estableció el cobro por la atención en hospitales públicos a extranjeros no residentes, con excepción de los casos de urgencia o emergencia. La norma fue posteriormente ratificada por la Ley Provincial N° 8.421, publicada en el Boletín Oficial el 15 de abril de ese año. El texto fijó una distinción entre categorías migratorias: quienes poseen residencia permanente o temporaria acceden a los servicios en las mismas condiciones que los ciudadanos salteños, mientras que aquellos con residencia transitoria o precaria deben afrontar el costo de las prestaciones mediante un seguro médico o con recursos propios.
Detrás de la decisión hubo un diagnóstico concreto: antes de la reglamentación, personas provenientes de Bolivia, Chile y Paraguay viajaban a Salta con el propósito exclusivo de recibir atención médica de forma gratuita. Ese fenómeno, conocido popularmente como “tours sanitarios”, derivó en una presión sostenida sobre los hospitales, donde la disponibilidad de camas e insumos se veía afectada. “Venían a Salta, tenían cirugía programada, tenían cama y los salteños no la tenían”, señaló Sáenz, al responder acerca de lo logros alcanzados por la política implementada por su administración.
De las 31.561 atenciones a extranjeros registradas en 2023, la cifra cayó a 77 en 2024, y apenas a 10 en los primeros siete meses de 2026. Esa caída en la demanda de pacientes no residentes incidió de forma directa en la disponibilidad de camas e insumos para la población local, uno de los objetivos declarados al momento de lanzar la política. El ministro de Salud salteño, Federico Mangione, lo resumió con una frase que el gobierno provincial difundió ampliamente: “Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”.
Los recursos que dejaron de destinarse a la atención de no residentes se redirigieron al fortalecimiento del propio sistema sanitario. El resultado más visible de ese proceso fue la adquisición de 34 nuevas ambulancias, que fueron distribuidas en distintos puntos del territorio provincial. El gobierno de Salta también informó que el ahorro obtenido se volcó a la compra de insumos para los hospitales. Sáenz vinculó directamente esa disponibilidad de fondos con los resultados del arancelamiento.
Lo logrado en Salta cobró nueva relevancia horas atrás, cuando el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 1066/2026. La norma reglamenta el DNU 366/2025 —que introdujo cambios en la Ley de Migraciones— y establece un procedimiento operativo para la atención de personas extranjeras en los cinco hospitales administrados por el Estado nacional.
Al igual que el sistema implementado en Salta, la resolución fija dos circuitos de cobro: uno para quienes cuenten con seguro de salud, mediante facturación directa a la aseguradora, y otro para quienes no tengan cobertura, con pago previo a la prestación.
La normativa nacional mantiene, en todos los casos, la obligación de atender las emergencias sin demora ni condicionamientos administrativos. Se consideran emergencias aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales, entre ellas paros cardiorrespiratorios, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales. Una vez superada esa instancia, los gastos generados por la atención posterior podrán ser facturados al paciente o a su aseguradora.
En Salta, ese criterio ya estaba vigente desde el inicio: “A quienes estén en tránsito se los va a atender, se les solucionará el problema y luego se verá a quién se le factura por los honorarios y gastos que ocasione el servicio”, ya había señalado Mangione los primeros meses de aplicación de la ley provincial.
