El «Futbol para Todos» del kirchnerismo tendrá su capítulo judicial a partir del 24 de abril próximo cuando un Tribunal Oral Federal determine el delito que se cometió con la inyección de fondos públicos para garantizar los partidos de fútbol. Los jueces definirán si fue una política de Estado o una herramienta para generar publicidad política, hubo mala administración de dinero estatal.
Pasaron 15 años desde que aquel 20 de agosto de 2009 la entonces presidenta de la nación, Cristina Kirchner, junto a Diego Maradona y el titular de la AFA, Julio Grondona, anunciaban la presentación del acuerdo entre el Gobierno y la entidad que agrupa a los clubes del fútbol Argentino.
Ese 24 de abril en los tribunales federales de Comodoro Py estarán sentados en el banquillo de los acusados, entre muchos otros, los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich. El primero por los delitos de administración fraudulenta y violación de deberes de funcionario público, y el segundo sólo por el último delito.
En total, serán 16 los imputados en juicio pues en la lista de acusados también están Gabriel Mariotto, ex coordinador del programa Fútbol para todos; Sergio Marchi de futbolistas agremiados; y Luis Segura, el entonces titular de la AFA.
Las partes acordaron la convocatoria de unos 215 testigos, dos días antes del inicio del debate. Se prevé un juicio largo en el que se realizan audiencias dos veces por semana. Antes de terminar el 2024 habrá veredicto del Tribunal Oral Federal 2 integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grunberg. La acusación está en manos del fiscal federal Miguel Ángel Osorio.
En el mismo juicio hay dos causas vinculadas, una de ellas es por las irregularidades que se cometieron por la firma del programa «Fútbol para Todos» para la transmisión de los partidos del fútbol argentino.
Concretamente, la justificación fue el fortalecimiento económico de los clubes argentinos que no estaban atravesando un buen momento, con miles de pesos de deudas en sus espaldas, a través de las cuales desviaron esos fondos públicos que en total entre 2009 y 2016 superan los 10 mil millones.
La otra causa es por los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA y que eran cambiados en cuevas financieras que manejaba el gobierno.