En medio de los enfrentamientos entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y dirigentes sociales por la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, se publicaron los primeros resultados de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei que revelarían irregularidades en la forma en que la administración Alberto Fernández tuvo a lo largo de sus cuatro años de gestión en la compra de alimentos, ya sea de forma directa o a través de licitaciones públicas y privadas.
Sobresalen sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social -actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia – hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda, para que sus dirigentes distribuyan los alimentos a los comedores y merenderos que administran, pero sin rendir cuentas sobre el destino final de las toneladas de alimentos que recibían.
En el presupuesto original de 2023 para esa cartera, el presupuesto inicial fue de un billón de pesos, de ese total, unos 30 mil millones se destinaron a la compra de alimentos secos.
La lógica de los funcionarios de la Libertad Avanza es “romper” con esa metodología, hacerla trasparente y que los insumos lleguen de manera directa a los sectores más vulnerables, quebrando “la tercerización que se realizaban a través de los gerentes de la pobreza.
Funcionarios de la cartera de Pettovello y de la Casa Rosada explicaron que están estudiando cuáles de las irregularidades detectadas “son judiciales” y cuáles “graves faltas éticas”. Ya detectaron sobreprecios de hasta un 500%, cuestión que permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público.
Desde Balcarce 50 aclararon que esta, y otras auditorías que comenzaron a partir del 10 de diciembre de 2023, “están lejos de criminalizar a los más necesitados, pero sí se busca que se impute y castigo a aquellos que a merced de tal necesidad, lucran y generan negocios a expensas de ellos y del Estado Nacional”.
Otro de los problemas detectados en las licitaciones que estuvieron a cargo de los tres ministros que administraron la cartera social en el gobierno de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz fueron, compras multimillonarias, de aceite -y otros insumos- que, invocando “urgencia” -ya no en pandemia- se solicitaba la marca del producto. “Las licitaciones eran tan dirigidas que en vez de poner las especificaciones que debía tener el alimento, como las calorías, pedían directamente aceite “4 Patitos”, relató un funcionario de la administración Milei. Y explicó: “Son alimentos de terceras marcas, que tienen un solo representante y que siempre gana. En los últimos años, siempre ganaban los mismos”, reforzó. “El primer hito de trasparencia es que el arroz es arroz, el azúcar es azúcar y el aceite es aceite, no es una marca”.
En cientos de compulsas, siguieron describiendo los funcionarios, solo se permitía licitar por “renglón completo” y no “parcializado”. Por lo cual, si se solicitaba, “2.700.000 unidades de aceite de girasol de 1,5 litros, como sucedió en el expediente 2022-89392670 quedan afuera las Pymes y distribuidoras más chicas y solo pueden ofertar los grandes mayoristas”.
Pettovello decidió que en las nuevas licitaciones se permitirá concursar de manera parcial por cada uno de los renglones. “Así, si una empresa o distribuidora tiene un excedente de 50.000 latas de tomates, puede ofertar por eso, y el organismo de compra evalúa precio-cantidad. Así se va comprando a los que ofertan más barato. Cada uno de estos cambios se evita la discrecionalidad dónde ganan siempre los mismos, a eso llamamos cartelización”.
Para evitar ese embudo, Pettovello decidió firmar un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario. “Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad”. También “permitirá adoptar criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales, en lugar de marcas comerciales, y promoverá la participación de una amplia gama de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales”.
