Con 144 votos a favor, Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que activa la Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquea a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública. El texto ahora pasó al Senado, donde el Frente de Todos tiene la primera minoría y promete bloquear la ley o, en todo caso, enterrarla para que nunca llegue al recinto.
Al tratarse de una cuestión electoral, la mayoría absoluta -la mitad más uno del pleno de la Cámara baja, es decir, 129 adhesiones- llegó gracias al aporte de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, las divididas bancadas radicales -UCR y Democracia para Siempre.
El nervio central de la ley apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”. El Frente de izquierda y el kirchnerismo votaron en contra. Sumaron 98 rechazos y sólo hubo dos abstenciones de Encuentro Federal: Miguel Pichetto y Nicolás Massot.
