Ilegal, no declarada y no reglamentada, o IUU según sus siglas en inglés, es uno de los conceptos clave del impactante informe global sobre pesca que acaba de publicar Financial Transparency Coalition.
El documento titulado “Redes sospechosas: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial” es demoledor a la hora de detallar quiénes son los responsables de la depredación de los mares.
Más de la mitad, el 54,7%, de este tipo de pesca se hace desde barcos industriales o semindustriales “con bandera asiática”, en particular China. De las 10 principales empresas involucradas en la pesca ilegal ocho son chinas.
El informe tiene un apartado puntual para la Argentina titulado “Pesca ilegal sin control”, donde también apaprece en el centro de la actividad. Se estima que la pesca IUU en aguas territoriales argentinas genera pérdidas perdidas al país los USD 3.000 millones al año.
El informe detalla que Argentina tiene una de las áreas pesqueras más importantes del mundo, con abundancia y diversidad de vida marina que incluye más de 330 tipos de peces, 120 especies de aguas profundas y una gran variedad de invertebrados. “La industria pesquera comercial del país genera un impacto económico de USD 2.700 millones al año y representa el 3,4 % del PBI. La industria está impulsada por cuatro especies que representan el 75 % de la pesca total del país: calamar, merluza y camarones. La pesca del calamar es la segunda más grande del mundo por volumen.
Argentina en 1998 promulgó la Ley Federal de Pesca, a partir de la cual “supuestamente“, regula la actividad hasta 200 millas náuticas de la costa. A pesar de la existencia de la Ley de Pesca la orden que imparte el gobierno a quienes corresponde patrullar las aguas es que se permita operar libremente a flotas con banderas de China, Taiwán, Corea del Sur y España.
Según datos aportados por la Armada Argentina, desde hace años un promedio de 300 a 400 pesqueros entran en la ZEE a realizar actividades de pesca ilegal, cifra que en el último informe aumentó a 500 embarcaciones.
Los barcos ilegales usan la modalidad “transbordo”, transfieren sus cargas a otros que, a su vez, les reponen combustible, alimentos y medicinas, cuestión que les permite permanecer en el mar por largos períodos.
Más allá de la orden de no actuar que imparte, el gobierno argentino, se encarga de desactivar cualquier posibilidad de patrullaje dejando sin recursos a la Armada y a Prefectura para dicha tarea.
