Luego del paro nacional del jueves pasado, con el factor billetera de por medio: entre las líneas medias del oficialismo y del sindicalismo empezaron a intercambiar miradas sobre un fondo específico para las jaqueadas obras sociales, el dedicado a la discapacidad.
De parte del oficialismo, hay voluntad de diálogo sobre este punto específico pero con auditorías de por medio.
La huelga nacional que encaró la central obrera dejó más que conforme a la plana mayor de la calle Azopardo aunque sin contacto directo con los interlocutores de la Casa Rosada. “Tengo el teléfono prendido, estoy esperando que alguno me llame pero hasta el momento no me sonó el celular”, alardeó uno de los caciques tras la segunda medida de fuerza contra la administración de Javier Milei en lo que va de 2024.
Desde el miércoles, se empezaron a tejer relaciones entre integrantes de La Libertad Avanza y dirigentes cegetistas para analizar un presupuesto determinado que está dirigido a solventar las alicaídas obras sociales, el que compone el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). El objetivo de este fondo es reintegrar dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reintegros (el SUR).
No obstante, la mayor parte del presupuesto, dicen desde los gremios, se lo lleva todo lo relacionado a la atención de sus afiliados discapacitados, a los que se les debe proveer de educación y transporte, entre otros servicios, y por eso iniciaron charlas con el Gobierno para que el giro de plata sea más importante, sobre todo con una inflación que no da respiro. José Luis Lingeri, el miembro de la mesa chica de la CGT que mejor entiende del tema, expresó que el año pasado le pidieron a Alberto Fernández 132 mil millones de aporte extraordinario para el FSR y solo recibieron 70 mil millones. Cifras que ya no cierran para este 2024.
Sobre esta problemática, los libertarios reconocen que hoy el FSR se compone, aproximadamente, de unos 50 mil millones de pesos para este año y que casi 30 mil se los llevan los gastos en educación y transporte. A pesar de las negociaciones el gobierno sabe que los sindicalistas están robando, presentan facturas que no tienen ninguna relación con los gastos supeditados al FSR.
“Algunos expusieron cualquier cosa”, dicen sobre el accionar sindical y agregan que por semana se auditan entre dos y tres obras sociales, con el fin de darle eficiencia al dinero erogado, que hasta abril de este año es de $ 3.081 millones, según consta en un documento que posee 20 páginas y en el que se detalla cuánta plata se le giró a cada obra social por el FSR.
A pesar de este saqueo de fondos estatales esde Balcarce 50 aclaran que esto no pone en juego su relación con los sindicatos, ni es una acción en contra de ellos. La vista gorda la están haciendo tanto los dirigentes como el gobierno dado que a ninguna de las partes le conviene que el sistema “vuele por el aire”. Por lo cual, están garantizadas las conversaciones a futuro.
