El presunto intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner ha sacudido a la política argentina, pero no ha alterado el cronograma del juicio por corrupción que tiene a la vicepresidenta argentina como principal imputada.
El lunes se reanudaron las audiencias y comenzó el alegato de las defensas de los 13 acusados. Cada uno de ellos tiene tres días para refutar las acusaciones realizadas por la fiscalía, que sostuvo ante el tribunal que a lo largo de sus ocho años como presidenta Kirchner encabezó “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”. La defensa de la vicepresidenta hablará en sexto lugar, por lo que se prevé el alegato entre finales de mes y principios de octubre.
La causa Vialidad juzga la creación de una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado a través del desvío de fondos públicos que debían ir destinados a infraestructura vial de la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. El Ministerio Público Fiscal pidió penas de cárcel de 12 años para Kirchner y para el empresario Lázaro Báez, al frente de un holding empresarial al que se adjudicaron casi ocho de cada diez obras públicas viales licitadas en Santa Cruz bajo la presidencia de Kirchner. Además, solicitó penas de diez años de cárcel para el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López e inhabilitación de por vida en cargos públicos.
Los abogados de Kirchner mantienen en reserva su estrategia defensiva y se desconoce si la expresidenta hará uso de la palabra. Se supone que uno de los argumentos que esgrimirán es que ella no participó de las decisiones sobre las obras públicas provinciales ni sobre las modificaciones de las partidas presupuestarias, y para desligarse culparán a sus ex jefes de gabinete. Quienes ocuparon ese cargo durante su presidencia ya declararon como testigos, entre ellos el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Ambos negaron haber encontrado irregularidades y rechazaron también que Kirchner participase en cualquier maniobra ilegal.
Si cesan las presiones de parte del ejecutivo al tribunal acusador, el fallo del juicio de la causa Vialidad se conocerá antes de fin de año. Una condena judicial no llevaría a Kirchner a la cárcel. La vicepresidencia le otorga inmunidad de arresto y para ser retirada del cargo será necesario llevar adelante un juicio político.
