Pese a haber amenazado durante semanas con romper con el Frente de Todos en Diputados por sentirse “defraudado y decepcionado” con las últimas medidas económicas, Juan Grabois finalmente decidió que sus legisladores continúen siendo parte del oficialismo. El cambio de postura responde a intereses poco éticos.
El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sigue controlando una caja multimillonaria a través de Fernanda Miño, una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social que tiene a cargo un plan para urbanizar barrios populares que hasta ahora mostró pocos resultados.
Semanas atrás, Grabois había anunciado que los tres diputados nacionales del partido Patria Grande -Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho- dejarían el bloque oficialista en la Cámara baja. “Nos vamos y yo personalmente veré qué hago. Nos defraudaron y decepcionaron; nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, señaló Grabois en declaraciones al diario Página/12.
Sin embargo luego de hablar con CFK Grabois cambió de postura y expresó ante los medios la razón por la que se quedaba en el Frente de Todos: “Se cumple nuestro principal reclamo, tardía e insuficientemente, pero se cumple”.
La ruptura de Grabois, de todas formas, tampoco hubiera sido total, ya que el piquetero igual seguiría manejando fondos estatales a través de Fernanda Miño, una dirigente muy cercana a él que cada día que pasa genera más sospechas de corrupción por como maneja los fondos de un plan de viviendas multimillonario.
Se trata del Fondo Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por el Ministerio de Desarrollo Social para urbanizar barrios populares. El FISU recibió hasta el momento 70.000 millones de pesos entre lo recaudado por el Impuesto a la Riqueza y el Impuesto PAÍS, pero hasta ahora sólo cumplió con el 20% de las obras prometidas.
