Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF y cuestionó pedidos de los demandantes. El Departamento de Justicia presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en apoyo a una solicitud del gobierno argentino para frenar la etapa de producción de documentos del proceso. Consideró que los requerimientos aceptados por la jueza son “excesivamente intrusivos”
El gobierno de Estados Unidos volvió a manifestar su respaldo a la Argentina en el litigio internacional por la expropiación de YPF y pidió a la justicia norteamericana que tenga en cuenta el impacto diplomático del caso.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en apoyo a una moción de emergencia presentada por el Estado argentino para suspender la etapa de discovery posterior a la sentencia en el caso YPF. El documento respalda el pedido argentino de frenar, al menos de manera provisoria, la producción de documentos, el pedido de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
En su presentación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que el proceso de discovery en curso es “excesivamente intrusivo” y podría generar conflictos diplomáticos al involucrar información sensible de un Estado soberano.
El escrito advierte que este tipo de requerimientos judiciales puede generar tensiones en las relaciones exteriores y abrir la puerta a que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra el propio gobierno estadounidense.
En ese sentido, el organismo señaló que al analizar un pedido de suspensión los tribunales deben considerar el interés público y el impacto que el caso puede tener en la política exterior, otorgando especial consideración a la postura del Poder Ejecutivo.
El documento también cuestiona los pedidos de información realizados por los demandantes en el tribunal de distrito. Entre ellos, solicitudes de comunicaciones entre altos funcionarios argentinos y entidades estatales, así como datos vinculados con la ubicación de reservas de oro del Banco Central.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, esas exigencias son incompatibles con los principios de cortesía internacional y reciprocidad que suelen aplicarse en litigios que involucran a Estados soberanos.
