La fiscalía pidió agravar la pena sobre la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la condena por la Causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión por las obras que adjudicó a favor de las empresas de Lázaro Báez por sobre otras firmas.
La solicitud la hizo el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar, quien sostuvo el pedido que hicieron en juicio los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes reclamaban que existió una asociación ilícita, ya que las 51 obras que desde el Poder Ejecutivo que comandaba la expresidenta se otorgaron en licitación al empresario son distintos hechos, no uno solo.
En caso de que se dé lugar a la solicitud y la ex vicepresidenta sea condenada por asociación ilícita, en lugar de solo por administración fraudulenta, la pena podría alcanzar los 12 años de prisión. También se espera que sean condenados los absueltos en el juicio oral y que se confirme el decomiso de 84 mil millones de pesos que ordenó el tribunal.
El fiscal Villar coincidió con los argumentos de su colega que actuó en el juicio, Diego Luciani, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner «funcionó una asociación ilícita» montada sobre el aparato estatal. De esa manera, «se proveyeron los fondos públicos nacionales y se creó a un empresario de la construcción para adjudicar los contratos», ese empresario fue Lázaro Báez.
Báez fue central en esa «estructura de corrupción que se montó sobre un fin noble, como es la obra pública vial». Villar resumió en su alegato ante la Casación los argumentos que habían esgrimido Luciani y su colega Sergio Mola durante el juicio.
En ese sentido, coincidió con la condena por administración fraudulenta porque –dijo- existieron «graves hechos de corrupción», pero refutó el fallo de mayoría que descartó la asociación ilícita porque «hubo una estructura delictual organizada».
En este caso, el fiscal mantuvo la apelación del veredicto de su colega Luciani ante el TOF2, quien solicitó los doce años de cárcel durante el juicio oral, reclamo que también mantuvo en su apelación al veredicto.
El tribunal integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña será el encargado de ratificar, agravar o anular la pena tal cual lo solicita la defensa, la cual tendrá una instancia el próximo 7 de marzo para alegar a su favor.
